En realidad, desde la creación del nuevo departamento, en diciembre de 1995, a través de la Ley 8.981, por distintas razones y circunstancias, entre ellas la declaración de la emergencia económica (1995-1999), los sansalvadoreños no cuentan con la creación de instituciones para así poder independizarse de Concordia, Colón, Villaguay o Concepción del Uruguay, ciudades donde deben acudir para realizar trámites, entre ellos los judiciales.
Es que en el 2000, se sancionó y promulgó en la Legislatura provincial la Ley 9.285, en la que se estableció que el departamento San Salvador tenga sus propios tribunales judiciales. Fue así que, con algunas trabas, se logró la creación de un Juzgado de Instrucción y siete cargos judiciales. En ese mismo año el entonces senador provincial Juan Carlos Arralde promovió la creación de un Juzgado Civil y Comercial. Esa iniciativa, tuvo media sanción en la Cámara Alta, pero desde entonces está frenada en Diputados.
Según publicó El Diario, la prolongada demora en el tratamiento de esa legislación intranquiliza a pobladores, instituciones intermedias, profesionales y mercantiles de San Salvador. “El Gobierno sólo tiene que cumplir con la Ley 9.285, sancionada hace cuatro años y que establece la incorporación del crédito presupuestario en los ejercicios de los años 2003 y 2004, para la habilitación del Juzgado, de modo que su funcionamiento es un imperativo legal que el Poder Ejecutivo no puede eludir”, indicó el ex senador radical.
Para los habitantes del departamento, al no contar con tribunales propios los litigios deben efectuarse en cuatro jurisdicciones judiciales distintas: Concordia, Colón, Villaguay o Concepción del Uruguay. “Esta situación incrementa los costos judiciales, porque obliga a los profesionales a trasladarse 60, 70, 90 o hasta 140 kilómetros en el caso de los juicios laborales que se tramitan en Concepción del Uruguay, con el consiguiente encarecimiento del servicio profesional”, explicó Arralde.
Pero otro de los datos que remarcan los habitantes del departamento es que desde la reactivación económica se incrementó la demanda del servicio de justicia en San Salvador, por ser el epicentro de un polo de desarrollo agricoloindustrial, comercial y de servicios, y esto significó que crecieran un 30 % los litigios en las localidades vecinas.
