La nota tuvo como destinataria a la directora Ejecutiva Nacional de la obra social, licenciada Graciela Ocaña. En el escrito, fechado en la víspera, y que fue el resultado de una reunión con el titular de la Unidad de Gestión Local, José Luis Nogueira, los consejeros Justina de Godoy, Carlos Sobrino y Victorio Lescano solicitaron con “carácter urgente la finalización de los convenios contractuales y firma de nuevos convenios con sanatorios, clínicas de Entre Ríos, Primer Nivel de prestaciones con círculos médicos y particulares, sin exclusividad de ningún convenio, dado que otro acuerdo distinto sería volver a los cortes de servicios”, advirtieron.
La medida de fuerza dispuesta por los prestadores implica que durante toda esta semana los beneficiarios de la obra social nacional, unos 100.000 en nuestra provincia, no tendrán cobertura ni siquiera de las urgencias.
En la reunión que se llevó a cabo ayer, en horas de la mañana, por iniciativa de Nogueira, se coincidió en que la solución debe ser de fondo y no de forma, lo que implica “que se haga caer el convenio y se arregle en forma directa con los prestadores de primer nivel y con los sanatorios y clínicas que quieran trabajar en forma independiente, con población a cargo y en red de prestadores”.
Es decir, que se rechaza el trato con las asociaciones, a las que se atribuye “haber llegado a este extremo: en medio de una mesa de conversación con pago de los servicios, con débitos que se pueden auditar han cortado las prestaciones”.
Representantes de los afiliados y Nogueira han señalado que una interrupción en las prestaciones como la actual “no ha ocurrido ni en épocas con atrasos en el pago de dos o tres meses”.
Nogueira descartó la posibilidad de dialogar con las entidades que nuclean a los prestadores debido a que “no tengo posibilidades de arreglar absolutamente nada”, dijo. “Ellos están hablando en Buenos Aires que tendrá que tomar las decisiones del caso”, acotó.
Para el funcionario, la solución está supeditada a la firma de un nuevo convenio y a que deje de lucrarse con la enfermedad. “Acá cuanto más grave está el paciente, más se lucra y más conveniente es para el sistema. En la medida que este sea el negocio, no va a haber salud ni plata que alcance. Hasta que no se firme el nuevo convenio y el PAMI retome la posibilidad de tener el poder de policía, esto es inviable”.
