La empresa demandará una inversión de 1.000 millones de dólares, de acuerdo a lo anunciado por el Presidente uruguayo, Jorge Batlle. “Quien no vea el progreso de la zona, forma parte de ese grupo de seres humanos que siempre están diciendo a todo que no”, remarcó el manmdatario.
Además, Batlle señaló que se le concederá a Botnia una zona franca, al igual que a la empresa española Ence, que ya está operando con un puerto en M’ Bopicuá, a seis kilómetros de la localidad de Fray Bentos. La construcción de la terminal portuaria demandó 35 millones de dólares y la empresa encara ahora la construcción de una planta chipeadora con una inversión cercana a los 500 millones de dólares.
El gobierno oriental adjudicará a la empresa gallega 384 hectáreas y, a la finlandesa 550, por el término de 30 años con una opción a 20 años más. Por esta concesión, las celulosas pagarán un canon fijo de 30.000 dólares anuales, que podrían llegar a los 400.000 dólares anuales en los próximos cinco años.
Sin embargo, la empresa Botnia todavía no cuenta con la habilitación de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), en un hecho que ha generado no pocas objeciones por parte de organizaciones ecologistas -tanto argentinas y uruguayas- que se han opuesto fuertemente a la instalación de la planta por los futuros daños ambientales e impactos negativos sobre el río Uruguay.
Ante esto, Vecinos Autoconvocados de Gualeguaychú -que en septiembre del año pasado iniciaron una cruzada en contra de radicación de estas industrias- acusaron ala Cancillería argentina de no haber tenido una actitud enérgica ante el avance concreto de las inversiones, al indicar que “los dirigentes políticos a nivel nacional no han rechazado de plano la actitud avasallante y aberrante del presidente Batlle por violar el Tratado del Río Uruguay.
