Ante la denuncia pública de las damnificadas, el legislador se solidarizó y expresó su disconformidad con “situaciones que dejan en evidencia que tanto el gobierno, en este caso a través de la secretaría de salud y ATE, discriminan, destratan y obstaculizan la capacitación de los empleados que no coinciden con sus ideas y si no están afiliados, tanto peor se torna la situación”.
El diputado concordiense confirmó que en el día de hoy se elaboró un pedido de informes que será remitido al Ejecutivo para determinar que participación tiene ATE en la organización del curso y si la secretaría de salud ha tomado intervención por lo denunciado días atrás en un diario.
“Este es un hecho gravísimo, que no debe repetirse a fin de garantizar las libertades constitucionales no sólo de los empleados públicos, sino de los ciudadanos en general, nadie debe ser presionado y mucho menos obligado a adherir a un grupo con el que no coincide por temor a sufrir represalias. En esta gestión la discriminación es moneda corriente, a pesar de que anunciaron un gobierno abierto que iba a dialogar con todos los sectores”, enfatizó Giorgio.
