“El Grupo PLAN FÉNIX elaboró un documento y un proyecto de declaración conjunta, y fuimos invitadas todas las Universidades Nacionales a participar del mismo” – señaló el rector de la UNER, Cdor. Eduardo Asueta. “La declaración señala a la sociedad argentina la necesidad de que el país priorice la deuda interna que tiene con la propia comunidad en educación, salud, antes de cancelar la deuda externa, ante la cual no se propone dejar de pagar, sino hacerlo pero dentro de un esquema que permita atender las necesidades del país, brindando la posibilidad de que la Argentina crezca y tenga de esta manera capacidad de pago a futuro”.
La clase pública estará dirigida no sólo a estudiantes, sino al conjunto de la sociedad, y será brindada por el Lic. Alberto Müller del Grupo Plan Fénix de la UBA.
Entre otras propuestas el documento del Plan Fénix plantea :
– «Los acuerdos que se logren no deben vulnerar la autonomía nacional en lo que hace a la fijación, en cualquier ámbito, de políticas gubernamentales».
– «Es necesario rechazar la injerencia indebida de los organismos multilaterales de crédito en el proceso de renegociación de la deuda privada, por ser la Argentina miembro de estos organismos y ser, a su vez, ellos mismos -hasta el momento- acreedores privilegiados, en detrimento del resto de los tenedores de deuda soberana argentina. Sólo es dable aceptar su mediación en el caso que concurrieran a solventar parte de la quita, habida cuenta de su corresponsabilidad en el proceso de endeudamiento».
– «Los agentes colocadores de los títulos, también corresponsables de este proceso de endeudamiento, deberían contribuir a morigerar el impacto de la quita sobre los tenedores de bonos».
– «Dadas las circunstancias y condiciones en que fue contraída la deuda externa argentina y sus efectos sobre la economía y la sociedad, correspondería requerir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya una opinión consultiva sobre los aspectos jurídico-institucionales de esa deuda a la luz de los principios generales del derecho y de los derechos humanos, así como de las teorías de la «deuda odiosa» y de la responsabilidad de los prestamistas de mala fe. A tal fin sería menester que el gobierno nacional realizara ante la Asamblea General de las Naciones Unidas las gestiones necesarias para habilitar la intervención de esa Corte».
– «Se requiere asegurar que el mayor peso del pago de los compromisos originados en la deuda reestructurada recaiga en los sectores sociales de mayor ingreso y riqueza, en particular de aquellos que se han beneficiado como consecuencia del proceso de concentración económica verificado durante la última década, incluyendo a los residentes argentinos con activos transferidos al exterior».
