Al respecto se supo que en aquel momento el traslado no incluyó las instalaciones, pero sí los terrenos. En esa época se habría firmado un convenio en el que se establecía el pago del 36 por ciento del movimiento cerealero, cuestión que nunca se cumplió.
Ante esta noticia las autoridades del Puerto habrían efectuado los reclamos y las gestiones y se habría pedido una reunión con el Procurador General de la Nación para, en una primera instancia, lograr el traspaso de los silos y de no concretar eso, ver si se puede disminuir el canon.
“Lo que ocurre es que en este aspecto pesa la deuda contraída, valor de la cual se informaría en la próxima semana cuando llegue la notificación de intimación”, explicó Pedro Bisogni, presidente del Puerto.
