La Justicia falló a favor de una tenedora de federales

A mediados de febrero, la afectada por la cuasimoneda fue al estudio jurídico de los abogados Luis Beber y Darío Dayub, y el procurador Francisco Avero, con la intención de iniciar acciones legales contra el Estado para poder canjear sus 2.400 federales por 2.400 pesos, más los intereses legales como estaba contemplado al momento de emitirse el bono.
La presentación de los letrados ante el juzgado fundamentaba que los títulos ejecutivos tenían que ser cambiados uno a uno, más los intereses del 4 por ciento anual sumados a los intereses legales impuestos por el Banco Nación.
Las pruebas utilizadas por los abogados fueron los propios bonos federales que en el dorso detallan cómo iban a ser pagados por el Estado una vez retirados del mercado. Estas pruebas fueron aceptadas por el magistrado para iniciar la acción legal contra la Provincia. Durante la etapa de investigación la fiscal de Estado, Rosa de Acebal, expuso dos factores importantes para pedir la anulación de la demanda. Primero la inhabilidad de los títulos, ya que no son hábiles para ser ejecutados porque el convenio Nación Provincia impuso el valor de corte a 0,75 lo que significa que las letras, al no haber sido cambiadas al valor impuesto por el Estado provincial, ya no tenían ningún valor en el marcado.
El segundo argumento de la fiscal fue la incompetencia de los tribunales provinciales para llevar adelante el juicio, ya que para el ministerio público el convenio para el cambio de los bonos fue entre Nación y Provincia, por lo que solicitó la incompetencia de los tribunales provinciales para que el juicio sea llevado adelante por un juzgado Federal. Estos fundamentos no fueron atendidos por el juez Croux que siguió adelante con la demanda, quedando de esta manera el caso a cargo de la Justicia entrerriana. De no apelar la sentencia la fiscal adjunta, el dictamen del juez quedará firme.
Para Darío Dayub el fallo “es importantísimo porque marca un fuerte precedente en un tema polémico y que perjudicó a muchos entrerrianos, ya que el Poder Judicial hizo cumplir al Poder Ejecutivo y Legislativo lo que firmaron y aprobaron en un primer momento y luego intentaron evadir”. Con este fallo, para el letrado “se retorna a los viejos tiempos donde los poderes del Estado se controlaban entre ellos y hasta se puede referir a una República en serio”. Los abogados coincidieron en que toda persona que todavía tiene letras de tesorería de la provincia tiene derecho a reclamar el pago uno a uno como está establecido en el dorso del federal.
Según el presidente de la Federación Económica de Entre Ríos (Feder) Daniel Zabala, los entrerrianos aún tienen cinco millones de federales en sus arcas y los comerciantes, los mayores damnificados, alrededor de 20 millones, que aún están depositados en la Caja de Conversión y que Feder solicita la habilitación de los fondos para pagar impuestos a la provincia.