La firma, controlada en un 49 % por la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (Fatlyf) a través de Consulyf, está asociada al Estado entrerriano, que tiene un 20 % de las acciones de Gas Nea, y por estos días tiene pendiente la firma de un acuerdo que permitiría iniciar obras de ampliación de la infraestructura gasífera por un valor de 80 millones de pesos en el sur provincial, lo que permitiría incrementar los usuarios ya que actualmente sólo un 32 % está conectado a las redes.
Según datos oficiales, hasta el momento sólo están conectados 23 mil usuarios de un universo potencial de 70 mil. Luz y Fuerza aspira a más todavía, no quedarse con el servicio de gas. Tal como lo hizo durante la administración del ex gobernador Sergio Montiel —que les otorgó el gerenciamiento de la efímera Coensa, el invento que suplantó, durante un brevísimo tiempo, a Edeersa cuando el Estado le quitó la concesión— también ahora el gremio procura hacer buenas migas con el Ejecutivo y ampliar sus intereses al negocio eléctrico en una empresa como Edeersa cuya facturación anual ronda los 100 millones. En su momento, Julio Ieraci, titular de Fatlyf, dejó entrever que uniendo las dos compañías (gas y luz) el negocio podría resultarle atractivo a Gas Nea.
El titular de Gas Nea, el lucifuercista Roberto Tamagno, fue más allá todavía. “Nos interesaría claramente tener el servicio de electricidad. No nos ponemos colorados con eso; está claro, es un objetivo”, subrayó. Y para justificar sus aspiraciones, dio un ejemplo. “Vemos que, como pasa en muchas partes del mundo, como en Francia, la atención del servicio público de gas y electricidad está en una sola mano, lo que obviamente tiene menores costos”. Y para dar más detalles, sostuvo que la unificación de una serie de sectores, como atención al público, apertura de nuevas oficinas o toma de lectura “abarataría los costos”.
De acuerdo a los plazos previstos, los pliegos de la licitación de Edeersa deberían estar listos para este viernes de modo de desembocar en una eventual transferencia al nuevo operador hacia fin de 2004 o principios de 2005. Aunque ese proceso, según explicó Tamagno, estaría teniendo una serie de contratiempos por cuanto, aseguró, el fideicomiso, que retiene el 39 % de las acciones de la distribuidora —el otro 10 % restante está en poder del Programa de Propiedad Participada (PPP)— “pone trabas al Gobierno”.
