Dicho control se ejercería a través de los organismos gubernamentales afines a la materia y el Poder Ejecutivo estaría facultado a celebrar convenios y acuerdos con organismo nacionales, internacionales y de otras provincias, así como con instituciones científicotecnológicas, a fin de promover el desarrollo y gerenciamiento de proyectos hidrogeológicos, de conservación y de planificación estratégica del sistema.
En su proyecto, Argain advierte sobre ciertas estrategias de “apropiación territorial” mediante la compra de tierras, como forma de posesión del agua; y no descarta, para un futuro, el “saqueo forzado” a través de intervenciones militares “parecidas a la reciente invasión que Estados Unidos perpetró en Irak para apropiarse de las petroleras de ese país”.
Asimismo señala que otra modalidad en ejecución es la privatización del agua. “Se calcula que para el año 2020 unas pocas corporaciones tendrán el control monopólico de las tres cuartas partes del recurso disponible en el planeta, con lo cual se estima que no sólo no se solucionará el déficit de agua potable, sino que se agravará el problema e impedirá la adopción de soluciones reales para la mayoría de la población que hoy no tiene acceso al recurso”, explica.
Por otra parte señala que, durante los 90, por presión del FMI y el Banco Mundial, Argentina cedió en concesión por 30 años –gratis– la empresa Obras Sanitarias de la Nación, pese a que generaba un ingreso de 554 millones de dólares anuales. Las inversiones y mejoras fueron modestas en relación a las ganancias. “Aguas Argentinas (propiedad de Lyonnaise des Eaux y que cumple servicios en el Gran Buenos Aires) financió 60 millones de dólares para realizar las conexiones con los barrios más pobres del conurbano. Sin embargo, el costo social asumido por la empresa se tradujo en un incremento que alcanzó hasta los 4 dólares mensuales en la factura de los usuarios.
Fuente: Diario Uno
