Por Adrián Pino
(De la redacción de El Miércoles, para DIARIOJUNIO)
La arremetida de Sixto Minetto -quien estaba dispuesto a avanzar en la ejecución de los bienes municipales para cobrarse el dinero que le adeuda el municipio por la expropiación de Banco Pelay- quedó interrumpida por la decisión del juez Carlos Ángel Dieci, que resolvió hacer lugar al «incidente de revisión» de la planilla de liquidación que había presentado la Municipalidad en los últimos días de la gestión de José Eduardo Lauritto. Una medida que cuestionaba el monto final, señalando que existía una diferencia de un millón de pesos entre lo que se había aprobado como deuda y el monto real que le correspondía a Minetto, ya que la cifra contenía lo que se denomina «anatocismo», una práctica prohibida por ley que consiste en calcular intereses sobre intereses. El millón de «errores» había sido anticipado por El Miércoles en noviembre de 2003, donde se cuestionaba la participación del ex Director de Asuntos Jurídicos del municipio, Jun Miguel Lacava, quien había dado el visto bueno a la planilla aprobada.
De este modo, la resolución de Dieci permite al intendente Marcelo Bisogni frenar el remate de uno de los principales terrenos municipales, en los que actualmente funciona la Escuela Granja Municipal, el Aeropuerto local y el nuevo Autódromo.
El juez Carlos Dieci, en diálogo con Ciudad Despierta (Radio Franca), afirmó que «no tengo ni tuve ninguna presión. Hace 20 años que soy juez y mi personalidad no es influenciable, ni en el juzgado ni en ningún otro ámbito», en alusión a los rumores sobre la presión del municipio sobre el magistrado.
Ahora resta que la comuna uruguayense efectivice el pago de unos 220 mil pesos, para cerrar definitivamente una causa que lleva más de 30 años de litigio en la justicia. Esto elimina la causa que podía generar el remate de los bienes municipales. El ex propietario de Banco Pelay, Sixto Minetto, se había negado a aceptar una propuesta de pago de la Municipalidad, y aseguraba que la resolución de la justicia estaba tomada, por lo que reclamaba el pago de la totalidad de la deuda que, hasta antes de la resolución de la justicia, era de 1,3 millones de pesos.
