La entidad judicial se expresó a través de una solicitada publicada hoy en el matutino El Diario.
Firmada por el presidente Albertó Javier Seró -de Concepción del Uruguay- y el secretario general Osvaldo Pablo Fiorotto -oriundo de Larroque-, en el escrito señalaron que se “observa con estupor” que el jefe de Policía “se arroga facultades de evaluación de ‘las leyes del Código Penal (SIC)’ calificándolas como ‘buenas’ cuando existe una fuerte demanda social, que lleva a que en estos días se encuentren sesionando las Cámaras legislativas nacionales, precisamente para modificar importantes estatutos del referido Código Penal, con lo que queda demostrado que su ‘diagnóstico’ es inoportuno, inapropiado y equivocado”.
Consideraron además que “lo que es más grave aún es que pretenda adjudicarse la autoridad de dar consejo a los jueces, para que unifiquen sus criterios, cuando no tiene la autoridad jerárquica ni moral para tal cometido. Lo primero porque la Policía debe trabajar subordinada al Poder Judicial y lo segundo, por cuanto su gestión hasta el momento deja mucho que desear en el cumplimiento de su rol específico, que es el de prevenir delitos. A esto debería dedicarse con el ahínco que le exige su cargo y evaluar en su caso, dentro de la fuerza que dirige con todo su poder de decisión, el por qué de su estrepitoso fracaso”.
Finalmente consignaron que “es pilar fundamental de la independencia judicial el asegurar que cada magistrado tenga la plena libertad de interpretar y aplicar las leyes, asumiendo por ello plena responsabilidad frente al acierto o desacierto de sus decisiones, como siempre lo han hecho”.
