La sentencia se basa en el criterio que sostenido por Carubia y Chiara Díaz señalando que la Fiscalía de Estado no apeló la resolución de la Cámara uruguayense, lo que para Carlín, en cambio, sería un caso de rigorismo excesivo que no respetaría la jurisprudencia, que indica que siempre deben considerarse las situaciones más favorables al derecho de defensa, en este caso del gobierno.
Recordemos que la Fiscalía de Estado de la provincia había presentado un recurso de queja contra la sentencia del fallo de la Cámara ad hoc de Concepción del Uruguay, que habilitó a 22 jueces a cobrar sus sueldos indexados por interpretarlo como un ataque a la intangibilidad de sus haberes, y que no pudo ser apelada por algunas irregularidades en el proceso.
Es por esto que en la denuncia que realizó la Fiscalía de Estado contra el ex procurador de ese organismo en Concepción del Uruguay, Guillermo Grandi, consta que este actuó en forma deliberada para que el gobierno no pudiera apelar la sentencia de la Cámara del Trabajo.
Grandi actuó como mandatario de la Fiscalía, constituyéndose como parte en el juicio iniciado por los jueces que no querían la suspensión de la actualización de sueldos, fijando el domicilio legal en su propio estudio, a donde fue notificado un domingo a la noche del primer fallo adverso al gobierno, situación de la que informó a la Fiscalía recién el martes, a pesar de que el plazo para la apelación vencía a las 21 del lunes.
Por este motivo, Grandi fue denunciado penalmente y ante el Tribunal del Ética del Colegio de Abogados, porque el gobierno entendió que actuó deliberadamente para impedir el derecho de defensa.
Por su parte, la fiscal de Estado Claudia Mizawak argumentó que la apelación del organismo –realizada el mismo martes en que Grandi informó por fax de la cédula– se basa en una providencia realizada por el secretario de la Sala de Concepción del Uruguay, que mandó notificar no sólo al procurador sino también al fiscal de Estado en su oficina, donde la cédula llegó el martes.
