En una conferencia de prensa, el funcionario se definió como “uno de los tantos empresarios inmobiliarios de clase media que entre los años 1998/2002 sufrió las consecuencias del deterioro de las condiciones de financiación de país y la recesión”. En este marco, aclaró que su deuda “no es nueva” y es “absolutamente pública”.
Luego remarcó que “no tiene nada que ocultar” porque a medida que su situación financiera fue mejorando durante el 2003 fue acordando convenios de pago que está cumpliendo puntualmente.
“Está desactualizada”, dijo Zapata al referirse a la información del Banco Central que los diputados del Nuevo Espacio adjuntaron a la nota que le presentaron al gobernador. “Sólo me resta resolver una deuda pendiente de 75.000 pesos con dos instituciones bancarias con las que tengo una cuestión judicial por el tema de la pesificación”.
Consideró pertinente resaltar que su situación particular no compromete su gestión al frente del Instituto, pero “salgo a responder porque soy un hombre público”. De inmediato sostuvo que no lo cuestionan por enriquecimiento ilícito, por mala praxis en su profesión o por irregularidades en su gestión, sino “por una deuda que contraje años atrás en mi actividad privada y que estoy saldando”.
Por ende, Zapata se puso a disposición de los diputados para que investiguen cada una de las iniciativas que se llevaron adelante desde su rol como funcionario público.
En otro párrafo de sus declaraciones, quiso dejar en claro que no tiene impedimento legal alguno para ejercer la presidencia del IAPS. No obstante, puso en manos del gobernador un listado con sus compromisos patrimoniales, la forma en que fueron pagados o refinanciados. “No me encuentro obligado a esta rendición sobre mis intereses particulares hacia otra persona que no sea el gobernador Jorge Busti, quien me ha conferido el honor de llevar adelante la gestión del IAPS”.
Ante una consulta puntual al respecto Zapata aseguró que no está inhibido judicialmente, y que tiene bienes patrimoniales desde hace muchos años para responder con su deuda.
A los diputados Beatriz Montaldo, Juan Domingo Zacarías, Antonio Mainez y Oscar Grilli, autores de la nota elevada al primer mandatario, el titular del IAPS les sugirió que “controlen mis funciones al frente del Instituto o la marcha de los emprendimientos que ya desarrollamos en estos pocos meses de gestión”, ya que “nada me imputan sobre hechos de corrupción, ineficiencia o falta de compromiso con mi trabajo”.
Finalmente, el funcionario lo instó también a interesarse en los “tres casos que hemos enviado a la justicia por cuestiones penales que sucedieron en la gestión anterior”, al considerar que “me extraña que desconozcan estos hechos pero se interesen por una situación particular que me sucedió anteriormente y es independiente a mi gestión de gobierno”.
